Artículo publicado en el diario Expreso
Julio Gagó
LA ECONOMÍA EN AGENDA
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | 11:45 AM
¿PENSIONES O ABOGADOS?
Esta semana se reveló que desde el 2011,
la Oficina de Normalización Previsional (ONP) gastó 70 millones de soles en
estudios de abogados. ¿Cuál es el objetivo de tan millonario presupuesto? Pues
litigar contra los jubilados que solicitan una pensión luego de largos años de
trabajo.
Es decir, la ONP gasta millones en abogados para no
pagarle una pensión a miles de jubilados. Un escándalo que muestra el lado más
indolente del Estado Peruano, en especial, si consideramos que la pensión
mínima en el Sistema Nacional de Pensiones es de 415 soles, mucho menos que la
remuneración mínima vital.
En el año 2010, el Tribunal Constitucional se
pronunció sobre la mala práctica de los abogados de la ONP. La sentencia
recaída en el expediente 5561–2007–AA/TC señala textualmente “Conviene
preguntarse entonces en tono crítico: ¿resulta ético y jurídicamente amparable
que el Estado haga padecer diariamente a los pensionistas regateando pensiones
mínimas mientras, al mismo tiempo, contrata sin regateo los costosos servicios
profesionales de estudios de abogados, cuya única finalidad, en el plano
judicial, es oponerse con absurdos e infundados escritos a los reclamos de los
jubilados?”.
En una entrevista televisiva, un funcionario de la
ONP ha reconocido que la contratación de estudios de abogados se realiza “a
dedo” lo cual genera sospechas sobre probables intereses económicos de por
medio.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo acaba de
publicar un informe que revela que la ONP es la entidad pública con mayor
número de demandas de amparo ante el Poder Judicial. La mayoría (41 %) son por
violación del derecho a la pensión. El documento indica que el 71 por ciento de
los demandantes está cerca a los 72 años, que es la edad promedio de la
esperanza de vida según el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI). Más grave aún, el informe revela casos de adultos mayores que han
fallecido esperando una pensión que nunca pudieron recibir.
No existe justificación para que la ONP continúe
con esta mala práctica en contra de los jubilados y sus familias. El Congreso
de la República, a través de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social debe
revisar el caso con urgencia. Sin embargo, las falencias de la ONP no deben
significar pasar por alto los serios cuestionamientos a las AFP. Debe
realizarse una evaluación global del sistema pensionario público y privado a
fin de beneficiar a los afiliados de ambos sistemas.
