¿PENSIONES O ABOGADOS

Artículo publicado en el diario Expreso

Julio Gagó

LA ECONOMÍA EN AGENDA

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | 11:45 AM

¿PENSIONES O ABOGADOS?

  

Esta semana se reveló que desde el 2011, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) gastó 70 millones de soles en estudios de abogados. ¿Cuál es el objetivo de tan millonario presupuesto? Pues litigar contra los jubilados que solicitan una pensión luego de largos años de trabajo.

Es decir, la ONP gasta millones en abogados para no pagarle una pensión a miles de jubilados. Un escándalo que muestra el lado más indolente del Estado Peruano, en especial, si consideramos que la pensión mínima en el Sistema Nacional de Pensiones es de 415 soles, mucho menos que la remuneración mínima vital.

En el año 2010, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la mala práctica de los abogados de la ONP. La sentencia recaída en el expediente 5561–2007–AA/TC señala textualmente “Conviene preguntarse entonces en tono crítico: ¿resulta ético y jurídicamente amparable que el Estado haga padecer diariamente a los pensionistas regateando pensiones mínimas mientras, al mismo tiempo, contrata sin regateo los costosos servicios profesionales de estudios de abogados, cuya única finalidad, en el plano judicial, es oponerse con absurdos e infundados escritos a los reclamos de los jubilados?”.

En una entrevista televisiva, un funcionario de la ONP ha reconocido que la contratación de estudios de abogados se realiza “a dedo” lo cual genera sospechas sobre probables intereses económicos de por medio.

De otro lado, la Defensoría del Pueblo acaba de publicar un informe que revela que la ONP es la entidad pública con mayor número de demandas de amparo ante el Poder Judicial. La mayoría (41 %) son por violación del derecho a la pensión. El documento indica que el 71 por ciento de los demandantes está cerca a los 72 años, que es la edad promedio de la esperanza de vida según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Más grave aún, el informe revela casos de adultos mayores que han fallecido esperando una pensión que nunca pudieron recibir.

No existe justificación para que la ONP continúe con esta mala práctica en contra de los jubilados y sus familias. El Congreso de la República, a través de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social debe revisar el caso con urgencia. Sin embargo, las falencias de la ONP no deben significar pasar por alto los serios cuestionamientos a las AFP. Debe realizarse una evaluación global del sistema pensionario público y privado a fin de beneficiar a los afiliados de ambos sistemas.