Es indiscutible la necesidad de encontrar una solución al problema de las pensiones: a partir de cierta edad, la mayoría de personas pierden productividad, están cansadas, han perdido enfoque y no son competencia para los más jóvenes y preparados. Claro, siempre nos cruzaremos con el empresario que a los 80 aún está lúcido y activo, pero ese no es el promedio. De ahí que, como en otras áreas del mercado laboral, la ley sitúa en los 65 años la edad de jubilación.
A partir de los 65, alguien tiene que cubrir los gastos de dichas personas y familias cercanas. Y como con la salud y la educación, la tradición global es que lo asuma el Estado. En los países más desarrollados esto ya se ha convertido en un problema: los jóvenes trabajan para mantener a una legión de jubilados que gozan de estándares de vida inimaginables para ellos. Trabajan para pagar impuestos que se derivan en gastos que ellos no perciben, sin capacidad de ahorro para una vivienda, por ejemplo.
Necesitamos un sistema de pensiones que no se convierta en una carga para las generaciones en edad laboral. La idea de un sistema privado cumplía ese objetivo. El sistema público aquí y en la China está quebrado, así que la idea de un sistema que permita a cada uno ir aportando a un fondo que crezca a partir de sus aportes y manejo financiero es adecuada. El problema es que el sistema estuvo mal diseñado.
Primero, no cumplía con cubrir a todos los peruanos; esto generaba dos problemas: por un lado, creaba una diferenciación entre afpistas y el resto; por el otro, seguíamos sin solucionar el problema para cerca del 80% de la población. Pero había otros problemas: la provisión del servicio estaba cerrada, el fondo estaba obligado a asumir el riesgo local, los costos de administración eran muy altos, y así.
La solución no es ni mejor ni peor, es una bomba al sistema. La solución debe ir por una revisión general del sistema y –sobre todo– cómo cubriremos al 80% restante.
Fuente: Diario Perú 21
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