Informalidad laboral y retos de la economía
Alrededor de 11 millones de trabajadores en el Perú son informales, es decir, no cuentan con protección social ni gozan de derechos laborales. Una realidad que plantea muchos retos para la próxima administración si queremos que la economía crezca y sea más competitiva.
7/4/2016
Pilar Marín Bravo periodista
La informalidad laboral no es ajena a los demás países de la región. América Latina concentra a más de 130 millones de personas con empleos informales y cada nación ha enfrentado este problema socioeconómico con diferentes políticas y resultados diversos.
Argentina redujo en 17 puntos la informalidad laboral en los últimos 10 años mediante políticas de Estado que propiciaron un crecimiento económico orientado al empleo de calidad, la inspección del trabajo, el monotributo social, un programa de simplificación registral, la creación de regímenes de trabajo agrario y de personal de casas particulares.
Uruguay, por su parte, disminuyó la informalidad laboral 15.1% en 10 años, gracias a la flexibilización de las condiciones de acceso a los beneficios de los programas tradicionales y de pensiones, además de nivelar los derechos laborales de los trabajadores domésticos.
En el caso de Brasil, la informalidad laboral se retrajo cerca de 14 puntos porcentuales, en virtud de medidas como la simplificación del pago de las obligaciones laborales, integración de la liquidación de los distintos aportes por trabajador en una sola planilla y de facilitar el abono por medios electrónicos.
En el Perú si bien se redujo el trabajo informal de 69% a 56.4% entre el 2005 y el 2013, esto no ha logrado que nuestro país salga de la lista de los cinco países con mayores tasas de informalidad en América Latina.
Para los analistas, tras el fracaso de la denominada Ley Pulpín, el tema de los derechos laborales se ha vuelto más sensible. Incorporar a los trabajadores informales a la economía formal supone, además, crear las condiciones para mejorar al mismo tiempo los salarios y el acceso a servicios.
Un peruano que trabaje formalmente será una persona que pague sus impuestos, que contribuya con su esfuerzo al crecimiento de la economía y a una mayor competitividad.
Se requiere de estrategias articuladoras que involucren tanto lo económico como lo social, políticas inclusivas que consideren el alto componente que representan los trabajadores independientes y los trabajadores domésticos en la informalidad laboral.
En suma, políticas económicas con rostro social, leyes que sean flexibles pero también que apunten a crear las condiciones para generar empleos no solo formales, sino que también mejoren la calidad de vida de la gente.
Argentina redujo en 17 puntos la informalidad laboral en los últimos 10 años mediante políticas de Estado que propiciaron un crecimiento económico orientado al empleo de calidad, la inspección del trabajo, el monotributo social, un programa de simplificación registral, la creación de regímenes de trabajo agrario y de personal de casas particulares.
Uruguay, por su parte, disminuyó la informalidad laboral 15.1% en 10 años, gracias a la flexibilización de las condiciones de acceso a los beneficios de los programas tradicionales y de pensiones, además de nivelar los derechos laborales de los trabajadores domésticos.
En el caso de Brasil, la informalidad laboral se retrajo cerca de 14 puntos porcentuales, en virtud de medidas como la simplificación del pago de las obligaciones laborales, integración de la liquidación de los distintos aportes por trabajador en una sola planilla y de facilitar el abono por medios electrónicos.
En el Perú si bien se redujo el trabajo informal de 69% a 56.4% entre el 2005 y el 2013, esto no ha logrado que nuestro país salga de la lista de los cinco países con mayores tasas de informalidad en América Latina.
Para los analistas, tras el fracaso de la denominada Ley Pulpín, el tema de los derechos laborales se ha vuelto más sensible. Incorporar a los trabajadores informales a la economía formal supone, además, crear las condiciones para mejorar al mismo tiempo los salarios y el acceso a servicios.
Un peruano que trabaje formalmente será una persona que pague sus impuestos, que contribuya con su esfuerzo al crecimiento de la economía y a una mayor competitividad.
Se requiere de estrategias articuladoras que involucren tanto lo económico como lo social, políticas inclusivas que consideren el alto componente que representan los trabajadores independientes y los trabajadores domésticos en la informalidad laboral.
En suma, políticas económicas con rostro social, leyes que sean flexibles pero también que apunten a crear las condiciones para generar empleos no solo formales, sino que también mejoren la calidad de vida de la gente.
Fuente: El Peruano
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