En los últimos meses el mercado laboral en el Perú se ido
reactivando y pese a que aún recupera los niveles prepandemia, los sueldos
pretendidos por los postulantes sí han subido.
Un informe de Bumeran indica que los salarios pretendidos
por los peruanos alcanzan los S/ 2,937 en promedio, pese a que el INEI estima
que en Lima el ingreso promedio de los últimos tres meses fue de S/ 1,639.5.
Incluso se estima que alrededor de 1.6 millones de
trabajadores en Lima ganan menos del mínimo legal de S/ 930 al mes.
Ante esto, el informe de Bumeran revela que Perú es el país
donde hay más disconformidad con el sueldo pues el 88% de peruanos no está
conforme con lo que gana y desearía un aumento de sueldo.
En ese sentido, la mayoría pediría un aumento de entre un 10
a un 15% de su sueldo, y 77% estaría buscando un ascenso porque cree que lo
merece.
Pese a las cifras, también se indica que Perú es el país que
más aumentos de salario (38%) y ascensos (30%) logró en comparación con los
otros países de América Latina.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó que es una medida englobada en el plan de "recuperación justa" del Ejecutivo y supone una forma de reconocer el esfuerzo a las personas que siguieron trabajando durante el confinamiento.
SMI
"Devolver" el esfuerzo a los trabajadores
"Es devolverles (el esfuerzo) a aquellos que han levantado nuestro país" en lo peor de la pandemia, que "dieron lo mejor de sí misma en la mayor crisis sanitaria". La ministra habló de "devolver" el esfuerzo a reponedoras o riders, por ejemplo. "Salimos de la crisis no solo no bajando salarios, sino subiéndolos", incidió. Esta medida llegará a la economía real, dijo, desde peluquerías a restaurantes.
En este sentido, Díaz cargó contra "agoreros" que se oponen al incremento, afirmando que subidas del SMI anteriores han supuesto reducir la brecha de género y los deciles salariales más bajos vieron aumentar sus salarios.
La ministra ha destacado que la medida llega a sectores que se mantuvieron activos durante la pandemia
Pere Duran / Nord Media
La subida tendrá efectos retroactivos desde el 1 de septiembre, mientras que queda pendiente la revisión para los años próximos. "Con esta subida, lo que hacemos es seguir la senda para que en el 2023 podamos contar con un SMI del 60% del salario medio, como fija la Carta Social Europea", sostuvo este lunes el presidente Pedro Sánchez. "Ya nos ponemos a trabajar para cumplir la senda para el año 2023", comentó Díaz. El compromiso pasa por terminar la legislatura cumpliendo la Carta Social Europea, lo que equivaldría a 1.049 euros.
Empleo
Las prórrogas en ERTE y prestaciones costarán unos 1.200 millones
Además del salario mínimo, también se ha dado luz verde a la prórroga de los ERTE, acuerdo que se consiguió a última hora de este lunes. El pacto pivota sobre tres claves: se alargan hasta el 28 de febrero, se mejoran las bonificaciones -condicionadas a la formación- y se lleva el contador a cero de las prestaciones por desempleo hasta el 31 de diciembre del 2022.
Las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social irán en función de si es un ERTE por limitación (50% en pymes de hasta 10 trabajadores y del 80% si activa planes de formación; y del 40% y el 80% en grandes empresas respectivamente) o impedimento (100% en ambos casos).
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, destacó que se trata del sexto acuerdo en los ERTE, que se han ido extendiendo al mantenerse la crisis de la pandemia, resaltando que se ha dado con el apoyo de los actores sociales. Escrivá ha apuntado que se pasó de una primera fase de "protección" de trabajadores a una de "activación" con la desescalada económica. En la actualidad, cifró, hay 170.000 trabajadores en ERTE.
Un cliente frente a una tienda cerrada
Xavier Cervera
Asimismo, también se ha aprobado prorrogar las prestaciones para los autónomos. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estima que unas 226.000 se beneficiarán de exoneraciones, que en octubre serán del 90%, en noviembre bajarán al 75% y en diciembre se situarán en el 50%, para pasar el 25% en enero de 2022.
Los trabajadores por cuenta propia que continúen con una suspensión temporal de toda su actividad a raíz de las restricciones de las autoridades mantendrán su prestación extraordinaria por suspensión de actividad, equivalente al 70% de la base mínima de cotización.
Este colectivo también quedará exento de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque ese periodo contará como cotizado y será compatible con ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI.
También ha aplaudido la introducción en el real decreto de medidas en referencia a la protección de los autónomos de La Palma, actualmente afectados por suspensiones de actividad y cierres ante la erupción del volcán.
La prórroga de los ERTE y las prestaciones de autónomos tendrá un coste de unos 1.200 millones de euros adicionales hasta febrero, calculó el ministro. Hasta septiembre se han gastado unos 21.000 millones de euros en estos conceptos desde el estallido de la pandemia.
