Exigen que Ministerio Público intervenga la ONP por malversación de sus fondos

 Exigen que Ministerio Público intervenga la ONP por malversación de sus fondos

Vocero de la Central de Jubilados y Pensionistas del Perú manifestó que dinero de los aportantes se han usado en otros sectores, pero no en apoyar a los pensionistas.

14 Diciembre, 2020

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El subsecretario de la Central de Jubilados y Pensionistas del Perú, Jaime Palacios, exigió que las autoridades correspondientes deben intervenir la Oficina de Normalización Previsional (ONP) por “la evidente malversación del fondo consolidado de reservas”.

“El fondo ha cumplido otras funciones, se ha usado para otro fin, más no apoyar las pensiones de quienes aportaron. Durante nuestras vidas nos han retenido el 8% a 13% con el objetivo de tener una mejor calidad de vida a futuro. Sin embargo, esto no se ha cumplido (…). Hemos enviado un oficio a la presidente del Congreso, Mirtha Vásquez, para que junto al Ministerio Público intervengan la ONP”, denunció públicamente.

En diálogo con Exitosa, criticó a los funcionarios de la ONP por destinar fondos millonarios a empresas privadas y en gastos que pueden ser exonerados para que sea parte de la devolución de S/4,300 para más de 4.7 millones de peruanos.

“La ONP es una institución creada para desproteger al pensionista, no para protegerla. El 13% no se destina al fondo. Con lo que hemos visto en los últimos informes periodísticos, es que solo el 9% más o menos, se dirige a la cuenta solidaria. El fondo ha servido para que los empresarios inviertan en sus negocios. No nos oponemos a que se invierta, pero dónde están las ganancias”, añadió.

El Dato: “Cuando apareció la AFP, mató la ONP porque le dejaron los jubilados con sueldos bajos. El problema es que las entidades públicas tienen deudas no cumplen. La solución es que se honre la deuda histórica”, señaló Verona.

Resaltó que durante el año dicha entidad ha despilfarrado su presupuesto en alimentos para el personal, repuestos y otros bienes.

“Hemos descubierto en el estado financiero de la ONP, un consumo de bienes por encima de los S/3 mil millones, en alimentos para consumo humano, S/406 millones en repuestos y accesorios, S/382 millones, seguramente por reparaciones de vehículos. A este paso nos vamos a quedar sin pensión”, enfatizó.

Enorme deuda pendiente

El abogado tributarista y experto en gestión pública, José Verona, reveló a Exitosa que diferentes entidades públicas deben un total de S/892 millones a la ONP por la retención de sus trabajadores y, de pagarse, podría ser utilizado como parte de la devolución de los S/4,300, como establece la Ley N°31083.

Fuente: diario Exitosa

Castigar la corrupción

Las consecuencias nefastas de la corrupción para un país de renta media como el Perú han sido ampliamente documentadas. Uno de sus principales efectos es el perjuicio directo que causa a la población, dado que recursos que deberían invertirse con eficiencia en obras para solucionar sus problemas más urgentes terminan en los bolsillos de inescrupulosos o en cuentas cifradas a nombre de empresas off shore en paraísos fiscales.

4/6/2020

Ejemplos de esta lamentable situación hemos tenido varios y no solo en los últimos años o décadas. El desaparecido historiador Alfonso Quiroz, en su notable Historia de la corrupción en el Perú, subrayó la naturaleza endémica de este fenómeno al documentar que está presente en la historia nacional desde antes incluso del nacimiento de nuestra República.

La actual pandemia causada por el nuevo coronavirus no ha sido óbice para que algunos malos peruanos incurran en actos de corrupción, sin tomar en cuenta que la población necesita en este contexto eficiencia y transparencia en los actos públicos, de tal forma que todas las medidas aprobadas para aliviar la complicada situación presente tengan el efecto esperado.

El Ministerio Público informó que hasta la fecha se ha registrado un total de 653 casos vinculados con presuntos actos de corrupción cometidos durante el estado de emergencia establecido por el Gobierno con el propósito de frenar el avance del covid-19.

Entre los hechos investigados se encuentran la sobrevaloración de precios en la compra de las canastas con alimentos que los gobiernos locales debían entregar a las familias más vulnerables y la provisión de estos artículos a familiares de los alcaldes, así como la compra de mascarillas y guantes que no cumplían los requisitos exigidos, entre otros.

Es positivo que el Ministerio Público investigue estas acciones luctuosas y esperamos que en el menor tiempo posible se apliquen las sanciones más severas establecidas en nuestro ordenamiento legal. Actos de este tipo, que entorpecen los esfuerzos que se despliegan para mitigar los efectos de la pandemia, perjudican de forma directa a los más pobres de nuestro país, pero también instauran el desaliento, pues hacen pensar que la corrupción es la regla y no la excepción en el Perú.

Por ello, han hecho bien los más altos representantes del Poder Ejecutivo cuando se pronunciaron a favor de duplicar las penas y las sanciones para aquellos malos funcionarios que buscan enriquecerse dando mal uso a los recursos económicos públicos durante el actual estado de emergencia.

De hecho, en el Congreso de la República ya se han presentado proyectos de ley que proponen modificar el Código Penal con la finalidad de aumentar las sanciones para los responsables de actos de corrupción en períodos similares al que vivimos.

No sería mala idea, por consiguiente, que la Comisión de Justicia de Parlamento estudie con prioridad, responsabilidad y sin populismo estas propuestas, y proponga penas que castiguen con drasticidad a las personas que le hacen daño a nuestro pueblo con su accionar ilícito.

Fuente: diario El Peruano